Ignacio Gracia Noriega
La responsabilidad de los políticos
Tienen razón Sánchez Ramos preguntando quién pagará el desaguisado de «Villa Magdalena» y Paloma Sainz pidiendo que sea Gabino de Lorenzo quien responda con su patrimonio. Tal petición encaja perfectamente en lo que entendemos como una democracia sana, en la que el político sea responsable de sus actos, y si los éxitos los premian los ciudadanos en las urnas, a los desatinos deben responder ellos con su bolsillo. No sólo Gabino de Lorenzo. El Ayuntamiento de mi pueblo, sin ir más lejos, ha organizado un berenjenal con unos planes especiales que ya han sido rechazados por quinta vez en el Tribunal Supremo. Tantos juicios, más otros de menor cuantía, originaron gastos cuantiosos, a consecuencia de los cuales y de una pésima administración arbitraria ha quedado Llanes en la bancarrota. ¿Responderán de esa bancarrota y del mal nombre adquirido por Llanes en los últimos veinte años los responsables Antonio Trevín Lombán, Manuel de Miguel Amieva y la actual alcaldesa, cuyo nombre no recuerdo, si es que lo supe alguna vez? Mas es claro quién va a pagar: el sufrido contribuyente llanisco, por lo que una vez más sirve el dicho de sarna con gusto no pica.
Una de las extrañezas de la democracia española es que se entiende que los políticos con mando en plaza, sancionados por el voto del pueblo soberano, son irresponsables. Franco se creía legitimado por Dios y, en consecuencia, sólo estaba dispuesto a responder ante Dios y la Historia. Más modestos, los actuales gobernantes no se plantean responder ante nadie, y si alguna vez reciben el castigo en las urnas no ocultan su estupor y desconcierto. Nada digamos cuando la justicia actúa contra ellos, haciéndoles pagar por causas nobles: a uno por ayudar a su hijo, a otra por socorrer a negritos y cubanos. Pues como dijo no sé qué ministra, el dinero público no es de nadie. Lo malo es que es de todos.
Orwell reprochaba al socialismo que continuara creyendo que la riqueza es inagotable: el problema es que está mal distribuida. Mayor problema es que quienes están encargados de administrarla la dilapidan o sencillamente la llevan a su cuenta corriente. Si el cajero de un banco, pongo por caso, tiene que responder ante la dirección del dinero que pasa por sus manos, ¿por qué está libre de esa responsabilidad cualquier clase de político, algunos con menos formación que el cajero de un banco y manejando cantidades estruendosamente mayores? Suponer, tan sólo suponer, que el político es irresponsable de lo que hace es afirmar que la democracia lo aguanta todo, y no es así. La democracia no debe, no puede, aguantar que el dinero público se dilapide alegremente o sencillamente desaparezca por el pozo negro de la corrupción. En esta democracia se entiende muy a regañadientes la separación de poderes (a fin de cuentas, ¿no enterró un conocido demagogo a Montesquieu?), y mucho peor la alternancia de los partidos en el poder; la palabra dimisión no existe en el léxico del político aunque la persona de confianza del alto cargo esté en la cárcel. Y el político que comete un desatino se queda tan fresco. Si tuviera que pagar los platos rotos de su bolsillo, otro gallo, más democrático, cantaría.
La Nueva España · 14 marzo 2011